Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en claro

• La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado internacional de derechos humanos aprobado en 2006.
• España la ratificó el 3 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, integrándose en el ordenamiento jurídico español.
• Reconoce ocho principios generales, entre ellos la dignidad, la autonomía, la no discriminación y la accesibilidad universal.
• Inspiró reformas como la Ley General de Discapacidad de 2013 y la Ley 8/2021 sobre capacidad jurídica.

Qué es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado internacional de derechos humanos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Es el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero centrado específicamente en la discapacidad, y supuso un cambio de paradigma: pasó de un modelo médico o asistencial -que entendía la discapacidad como un problema individual a tratar o rehabilitar- a un modelo social y de derechos humanos, que sitúa el origen de la discapacidad en las barreras del entorno y no en la persona.

Cuándo ratificó España la Convención de la ONU sobre discapacidad

España ratificó la Convención de la ONU y su Protocolo Facultativo el 3 de diciembre de 2007, y ambos instrumentos entraron en vigor el 3 de mayo de 2008, pasando a formar parte plena del ordenamiento jurídico español. Al tratarse de un tratado internacional válidamente celebrado y publicado en el BOE, sus disposiciones son directamente invocables ante los tribunales, las administraciones públicas y cualquier autoridad, con un rango jerárquico superior al de las leyes ordinarias. España fue uno de los primeros países en ratificarla, lo que obligó a revisar en profundidad su legislación interna en materia de discapacidad para adaptarla a los nuevos estándares internacionales.

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es el tratado internacional, ratificado por España en 2007 y en vigor desde 2008, que reconoce a las personas con discapacidad los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que al resto de la ciudadanía, situando el origen de la discapacidad en las barreras del entorno.

Principios generales de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El artículo 3 de la Convención de la ONU recoge ocho principios generales que inspiran toda la norma:

• El respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones.
• La no discriminación.
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
• El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana.
• La igualdad de oportunidades.
• La accesibilidad universal.
• La igualdad entre el hombre y la mujer.
• El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

Estos principios funcionan como criterio de interpretación de toda la Convención y de las normas nacionales que la desarrollan, como la Ley General de Discapacidad.

Derechos clave que reconoce la Convención de la ONU sobre discapacidad

La Convención de la ONU desarrolla, artículo por artículo, cómo se aplican los derechos humanos ya reconocidos en otros tratados al caso concreto de las personas con discapacidad. Entre los derechos que regula de forma específica destacan el derecho a la accesibilidad (artículo 9), a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19), a la movilidad personal (artículo 20), a la educación inclusiva en todos los niveles (artículo 24), a la salud (artículo 25), al trabajo y al empleo en igualdad de condiciones (artículo 27), y a la participación en la vida política y pública (artículo 29). También reconoce expresamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás (artículo 12), un principio que en España obligó a reformar el Código Civil casi quince años después, con la Ley 8/2021.

Cómo vigila la ONU el cumplimiento de la Convención en España

El cumplimiento de la Convención lo supervisa el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un órgano de expertos independientes al que los Estados parte, entre ellos España, deben presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas. El Protocolo Facultativo, también ratificado por España, permite además que personas o grupos de personas presenten quejas directamente ante el Comité cuando consideren vulnerados sus derechos y hayan agotado la vía interna. En España, organizaciones como el CERMI participan activamente en el seguimiento de estos informes y trasladan al Comité situaciones de incumplimiento, como las recogidas en sus informes anuales sobre derechos humanos y discapacidad.

Qué cambios legales provocó la Convención en España

La Convención de la ONU obligó a revisar buena parte del ordenamiento jurídico español en materia de discapacidad. Su reflejo más directo fue el Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, incorporando los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de la Convención. Años más tarde, el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica del artículo 12 impulsó la Ley 8/2021, que puso fin a la incapacitación judicial en España y la sustituyó por un sistema de apoyos que respeta la voluntad de la persona. También inspiró reformas sectoriales en accesibilidad, educación inclusiva y accesibilidad cognitiva. Puede consultar el desarrollo de estos derechos en la sección de guías y las últimas novedades normativas en actualidad de Red Inclusiva.

Preguntas frecuentes sobre la Convención de la ONU sobre discapacidad

¿Qué diferencia hay entre la Convención de la ONU y la Ley General de Discapacidad española?

La Convención es un tratado internacional de derechos humanos ratificado por España en 2007; la Ley General de Discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) es la norma española que traslada esos principios al derecho interno.

¿Desde cuándo está en vigor la Convención de la ONU sobre discapacidad en España?

Desde el 3 de mayo de 2008, tras su ratificación el 3 de diciembre de 2007.

¿Puede una persona reclamar directamente ante la ONU si se vulneran sus derechos?

Sí, mediante el Protocolo Facultativo, una vez agotada la vía judicial interna en España.

¿Qué es el modelo social de la discapacidad que defiende la Convención?

Es el enfoque que sitúa el origen de la discapacidad en las barreras del entorno, y no en las limitaciones de la persona, orientando las políticas hacia la eliminación de esas barreras.

Fuente: Convención Discapacidad (CERMI)