Ley 8/2021 sobre discapacidad: cinco años reformando la capacidad jurídica y la curatela

• La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial y sustituyó la tutela por medidas de apoyo, principalmente la curatela.
• Fijó un plazo de tres años, después ampliado a seis, para revisar 250.000 expedientes de personas incapacitadas antes de la reforma.
• Cinco años después, los expedientes que piden apoyos judiciales bajan en torno a un 20% cada año y casi el 40% se archivan porque la persona opta por apoyos voluntarios.
• Solo Cataluña y Canarias cuentan con partidas presupuestarias específicas para financiar los apoyos a la toma de decisiones, según denuncian las entidades del sector.

La Ley 8/2021 reformó la legislación civil y procesal española para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica con apoyos, no mediante la incapacitación judicial: sustituye la tutela y la patria potestad prorrogada por medidas de apoyo, sobre todo la curatela asistencial, respetando siempre la voluntad y las preferencias de cada persona.

Qué cambió la Ley 8/2021 en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó en profundidad la legislación civil y procesal española para adaptarla a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según recoge el propio texto publicado en el BOE. La norma entró en vigor el 3 de septiembre de 2021 y supuso un cambio de paradigma: se pasa de un modelo de sustitución en la toma de decisiones a otro de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, en el que la persona con discapacidad sigue siendo quien decide, aunque necesite ayuda para hacerlo.

La curatela como principal medida de apoyo a la discapacidad tras la reforma

La curatela pasó a ser la principal medida de apoyo prevista por la ley para las personas adultas con discapacidad, en sustitución de la antigua tutela. A diferencia de la tutela, la curatela es de naturaleza asistencial en la mayoría de los casos: el curador acompaña y asiste, pero no sustituye la voluntad de la persona. Solo de forma excepcional, y siempre debidamente motivada por un juez, puede atribuirse al curador alguna función representativa para actos muy concretos. La reforma también eliminó del ámbito de la discapacidad la patria potestad prorrogada y rehabilitada, y suprimió por completo la figura de la incapacitación judicial tal y como se conocía hasta entonces.

Balance de cinco años de la Ley 8/2021: expedientes revisados y apoyos voluntarios

La reforma obligó a revisar en un plazo de tres años los 250.000 expedientes de personas que habían sido incapacitadas judicialmente antes de la ley, para adaptar su situación al nuevo sistema de apoyos. Ese plazo resultó insuficiente y hubo que ampliarlo otros tres años, según explicó la fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra. Cinco años después de la reforma, los datos muestran una tendencia clara: los nuevos expedientes que solicitan apoyos judiciales descienden en torno a un 20% cada año, y casi un 40% se archivan sin necesidad de establecer una medida de apoyo formal, lo que indica que cada vez más personas optan por apoyos voluntarios o informales antes de acudir a la vía judicial.

• Plazo inicial de revisión de expedientes: 3 años (ampliado a 6).
• Expedientes a revisar: 250.000 personas incapacitadas antes de la ley.
• Descenso anual de nuevas solicitudes de apoyo judicial: en torno al 20%.
• Expedientes archivados sin medida formal: cerca del 40%.

Financiación de los apoyos a la capacidad jurídica: solo dos comunidades la garantizan

Uno de los principales retos pendientes de la Ley 8/2021 es su financiación. Un estudio de la Alianza Apoyo y Autonomía, presentado por su presidente Luis Gonzaga y recogido por Servimedia, revela que solo Cataluña y Canarias cuentan con partidas presupuestarias específicas para financiar los apoyos individualizados a la toma de decisiones. Baleares está trabajando en ello, mientras que otras comunidades autónomas reconocen estos apoyos sobre el papel pero sin dotación económica prevista. "La reforma nos insta a las entidades a que prestemos los apoyos, pero ¿quién los paga?", resumió Gonzaga, mientras que la fiscal Segarra lo atribuyó al "precario equilibrio político" que lleva a aprobar leyes con coste cero.

Quinto aniversario de la Ley 8/2021: diálogo de entidades y retos pendientes

Para conmemorar el quinto aniversario de la norma, entidades como el CERMI, Plena Inclusión, Fundación ONCE, la Fiscalía y el Consejo General del Notariado han participado en encuentros de balance sobre su aplicación. Entre los retos señalados están la necesidad de homogeneizar la financiación de los apoyos entre comunidades autónomas, reforzar la formación de jueces, fiscales y notarios en el nuevo modelo, y resolver situaciones como la de personas que solo podían acreditar su grado de discapacidad a través de la antigua sentencia de incapacitación y que, tras la reforma, necesitan tramitar de nuevo su certificado de discapacidad por otras vías. Para conocer los trámites y ayudas vinculados al grado de discapacidad, puede consultarse la sección de guías de Red Inclusiva, y para seguir la actualidad normativa del sector, la sección de actualidad.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 8/2021 y la capacidad jurídica

¿Qué es la Ley 8/2021 y a quién afecta?

Es la reforma de la legislación civil y procesal española que sustituye la incapacitación judicial y la tutela por medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas adultas con discapacidad, principalmente la curatela.

¿Sigue existiendo la incapacitación judicial tras la Ley 8/2021?

No. La ley eliminó por completo la incapacitación judicial y la tutela para personas adultas con discapacidad, sustituyéndolas por medidas de apoyo graduales y revisables.

¿Qué diferencia hay entre la tutela antigua y la curatela actual?

La tutela sustituía la voluntad de la persona; la curatela, en cambio, es principalmente asistencial: acompaña y apoya las decisiones, y solo excepcionalmente asume funciones representativas concretas y motivadas por un juez.

¿Todas las comunidades autónomas financian los apoyos a la capacidad jurídica?

No. Según un estudio de la Alianza Apoyo y Autonomía, solo Cataluña y Canarias cuentan con partidas presupuestarias específicas para financiar estos apoyos, mientras el resto carece de dotación económica dedicada.

Fuente: Servimedia