Ley de reparación por esterilización forzada de personas con discapacidad: qué pide el CERMI en Murcia

• El CERMI Región de Murcia compareció el 28 de septiembre de 2026 ante la Asamblea Regional para reclamar una ley estatal de reparación a las víctimas.
• La esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente fue legal en España entre 1989 y 2020, y afectó mayoritariamente a mujeres y niñas.
• Fundación CERMI Mujeres propone una indemnización única de 30.000 euros por víctima acreditada, dentro de un paquete de cinco medidas de reparación.
• La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad obliga al Gobierno a remitir un proyecto de ley específico en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

La ley de reparación por esterilización forzada es una futura norma, todavía en tramitación, que reconocería institucionalmente a las personas con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020 en España y establecería una indemnización económica, atención médica y psicológica, y garantías de no repetición para las víctimas acreditadas.

Qué es la ley de reparación por esterilización forzada de personas con discapacidad

Es una iniciativa legislativa, todavía pendiente de aprobación definitiva, que busca reconocer e indemnizar a las personas con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento en España al amparo de una autorización judicial. La propuesta parte del movimiento asociativo de la discapacidad, encabezado por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y su Fundación CERMI Mujeres, y ya cuenta con un mandato legal para que el Gobierno remita un proyecto de ley a las Cortes Generales.

La comparecencia del CERMI en la Asamblea Regional de Murcia

El 28 de septiembre de 2026, María Teresa Lajarín Ortega, secretaria general de CERMI Región de Murcia, compareció ante la Comisión para las Personas con Discapacidad de la Asamblea Regional de Murcia para defender la necesidad de esta ley de reparación. No es la primera comparecencia territorial del movimiento CERMI sobre este asunto: representantes de la Fundación CERMI Mujeres ya han trasladado la misma reivindicación a parlamentos autonómicos como el de Navarra y al Congreso de los Diputados, en una estrategia de presión coordinada desde los distintos territorios para que la futura ley recoja sus propuestas.

Cómo se permitió la esterilización forzada en España hasta 2020

Entre 1989 y 2020, el artículo 156 del Código Penal permitía que un juez autorizara la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente cuando se consideraba que actuaban en su «interés superior», sustituyendo así su voluntad. Esta práctica, que afectó de forma mayoritaria a mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas institucionalizadas, dejó de ser legal con la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, que eliminó del Código Penal la excepción que permitía estas intervenciones no consentidas. La eliminación de esta práctica alineó a España con las obligaciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no incluyó ninguna medida de reparación para quienes ya la habían sufrido.

Los cinco ejes de la propuesta de reparación de Fundación CERMI Mujeres

La propuesta legislativa elaborada por Fundación CERMI Mujeres y trasladada a distintas instituciones articula la reparación en cinco ejes:

• Reconocimiento institucional de las víctimas mediante un proceso de identificación y acreditación.
• Indemnización económica única de 30.000 euros por víctima acreditada, de carácter personal, intransferible y exenta de tributación.
• Atención integral médica, psicológica, legal y social para las víctimas.
• Restitución, incluyendo la posibilidad de cirugía reparadora cuando sea posible y apoyos alternativos cuando la esterilización sea irreversible.
• Garantías de no repetición, con anulación de las sentencias judiciales que autorizaron las esterilizaciones sin consentimiento y una disculpa institucional pública.

La propuesta contempla también la creación de un registro o censo estatal de víctimas y un memorial público, como parte del reconocimiento de lo ocurrido durante más de tres décadas.

El mandato legal para que el Gobierno presente la ley de reparación

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tramitada en 2026 incorporó, a petición del movimiento CERMI, la obligación de que el Ejecutivo remita a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma, «una ley específica de reconocimiento, reparación e indemnización» para las víctimas de esterilizaciones forzosas, según recoge Servimedia, la agencia de noticias de Fundación ONCE. El CERMI ha calificado esta previsión legal como una «reivindicación histórica» del movimiento de mujeres con discapacidad, aunque insiste en que el texto definitivo debe incorporar los cinco ejes de su propuesta y no quedarse en una mera declaración de intenciones. Para seguir la tramitación de esta y otras iniciativas legislativas del sector, se puede consultar la sección de actualidad de Red Inclusiva, así como nuestra sección de guías sobre derechos de las personas con discapacidad.

Preguntas frecuentes sobre la ley de reparación por esterilización forzada

¿Quién puede beneficiarse de la futura ley de reparación por esterilización forzada?

Las personas con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento en España entre 1989 y 2020, al amparo de una autorización judicial previa a la reforma del Código Penal de ese año.

¿Cuánto dinero propone la indemnización por esterilización forzada?

La propuesta de Fundación CERMI Mujeres plantea una indemnización única de 30.000 euros por víctima acreditada, de carácter personal e intransferible.

¿Cuándo tiene que presentar el Gobierno la ley de reparación?

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad de 2026 obliga al Ejecutivo a remitir un proyecto de ley a las Cortes Generales en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

¿Por qué compareció el CERMI en la Asamblea Regional de Murcia?

Para trasladar a los grupos parlamentarios murcianos la necesidad de que la futura ley estatal recoja el reconocimiento, la indemnización y las garantías de no repetición reclamadas por las víctimas, en el marco de una campaña territorial que ya ha llegado a otros parlamentos autonómicos y al Congreso.

Fuente: Servimedia (Fundación ONCE) / CERMI Región de Murcia