Prestación para cuidador no profesional de la Ley de Dependencia: requisitos y cuantías

Qué es la prestación para cuidados en el entorno familiar del SAAD

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar es una de las ayudas previstas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), conocido habitualmente como Ley de Dependencia. Su objetivo es reconocer y compensar económicamente a la familia cuando la persona en situación de dependencia es atendida en su propio domicilio por un cuidador no profesional, en lugar de recurrir a un centro residencial o a un servicio profesional de atención.

Esta prestación se concede únicamente cuando, tras la valoración correspondiente, se comprueba que no es posible el acceso a un servicio público o concertado (centro de día, ayuda a domicilio, residencia) y que la vivienda reúne condiciones adecuadas de habitabilidad para prestar los cuidados.

Grados de dependencia y requisitos de la persona en situación de dependencia

El acceso a esta prestación exige, en primer lugar, tener reconocida oficialmente la situación de dependencia mediante la valoración correspondiente, que se resuelve en alguno de estos grados:

• Grado I (dependencia moderada).
• Grado II (dependencia severa).
• Grado III (gran dependencia).

Además del grado reconocido, se exige que la persona dependiente reciba los cuidados en condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad en el domicilio. Para los grados II y III, la normativa exige, con carácter general, la convivencia estable entre la persona cuidadora y la persona dependiente, salvo excepciones justificadas por despoblación del territorio o falta de recursos alternativos.

Quién puede ser reconocido como cuidador no profesional

Se considera cuidador no profesional a la persona del entorno familiar o relacional de quien recibe los cuidados, sin que exista entre ambos una relación laboral o profesional. Los requisitos habituales para ser reconocido como tal son:

• Ser mayor de edad y residir legalmente en España.
• Tener un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, generalmente hasta el tercer o cuarto grado, o formar parte del entorno de convivencia de la persona dependiente.
• Contar con la capacidad física, mental e intelectual suficiente para prestar los cuidados adecuados.
• No tener reconocida a su vez una situación de dependencia o una discapacidad igual o superior al 75% que requiera el concurso de terceras personas.
• Comprometerse a recibir la formación obligatoria en materia de cuidados que ofrecen las administraciones competentes.

El cuidador no profesional debe además darse de alta como tal en la Seguridad Social, lo que le permite cotizar y generar derechos, como el acceso futuro a una pensión de jubilación.

Cuantías de la prestación económica según el grado de dependencia

Las cuantías de referencia estatales para esta prestación, que pueden variar ligeramente según la comunidad autónoma, son las siguientes:

• Grado III (gran dependencia): hasta 455,40 euros al mes.
• Grado II (dependencia severa): hasta 315,90 euros al mes.
• Grado I (dependencia moderada): hasta 180 euros al mes.

Estas cantidades constituyen el importe máximo reconocido; la cuantía final se calcula en cada caso en función de la capacidad económica de la persona dependiente, ya que el sistema aplica un cierto grado de copago según el nivel de renta y patrimonio.

Cómo solicitar la prestación y qué obligaciones tiene el cuidador

La prestación se solicita, en general, ante los servicios sociales de la comunidad autónoma de residencia, una vez que la persona dependiente cuenta ya con el Programa Individual de Atención (PIA) aprobado, en el que se determina el recurso o prestación más adecuado a su situación. Los pasos habituales incluyen:

1. Solicitar la valoración de la dependencia si aún no se dispone de resolución de grado.
2. Una vez reconocido el grado, participar en la elaboración del Programa Individual de Atención, donde se opta por la prestación de cuidados en el entorno familiar frente a otros recursos disponibles.
3. Formalizar el alta del cuidador no profesional en la Seguridad Social.
4. Cumplir con la formación obligatoria establecida por la comunidad autónoma.

El plazo máximo para resolver el conjunto del procedimiento, desde la solicitud inicial hasta el reconocimiento de la prestación, es de seis meses. Además, existen límites de compatibilidad: no se puede compaginar esta prestación con otras del SAAD para la misma persona dependiente (como la prestación vinculada al servicio o la asistencia personal), y los ingresos laborales del cuidador no pueden superar determinados límites, referenciados habitualmente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quienes quieran comparar esta prestación con otras ayudas para las que puedan ser beneficiarios pueden consultar el buscador de ayudas de Red Inclusiva.

Preguntas frecuentes sobre la prestación para cuidador no profesional

¿Puede un hijo o hija ser cuidador no profesional de su padre o madre?

Sí, siempre que cumpla los requisitos de vínculo familiar, capacidad para prestar cuidados y, en los grados II y III, conviva de forma estable con la persona dependiente.

¿Hace falta convivir siempre con la persona dependiente para cobrar esta prestación?

Con carácter general sí, en los grados II y III, aunque existen excepciones vinculadas a la despoblación del territorio o a la falta de recursos alternativos en la zona.

¿Se cotiza a la Seguridad Social como cuidador no profesional?

Sí, el cuidador no profesional debe darse de alta en la Seguridad Social, lo que genera derechos futuros, como el acceso a la pensión de jubilación.

¿Cuánto se tarda en cobrar la prestación desde que se solicita?

El procedimiento completo, desde la valoración de la dependencia hasta el reconocimiento de la prestación, tiene un plazo máximo de seis meses.

Fuente: Servicios Sociales de Cantabria (Gobierno de Cantabria)