Reforma de la ley de dependencia y discapacidad: el Congreso la aprueba y reduce a tres meses el plazo de resolución

La aprobación en el Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados aprobó el 15 de julio de 2026 la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y de la normativa de discapacidad. La votación reflejó divisiones políticas: Vox votó en contra (33 diputados) y el PP se abstuvo (137 diputados), mientras el resto de grupos respaldó el texto. La reforma queda ahora pendiente de su ratificación en el Senado antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado.

El nuevo plazo de resolución de la dependencia

Uno de los cambios de mayor impacto práctico es la reducción del tiempo de espera para obtener una prestación de dependencia: el plazo máximo para resolver pasa de seis meses a tres. Esta medida busca responder a una de las quejas históricas de las familias y personas afectadas, que en muchos casos han esperado periodos muy superiores al legalmente establecido.

Reconocimiento automático de discapacidad para personas dependientes

La reforma introduce un mecanismo de reconocimiento automático de un grado de discapacidad a quienes ya tienen reconocida una situación de dependencia, evitando así duplicar trámites administrativos:

• Grado I de dependencia → 33% de discapacidad reconocida automáticamente.
• Grado II o III de dependencia → 65% de discapacidad reconocida automáticamente.

Teleasistencia y asistencia personal como derechos garantizados

El texto convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo garantizado, que incluirá dispositivos geolocalizables. También amplía la figura de la asistencia personal para cubrir actividades fuera del domicilio, como compras o visitas médicas, y permite que distintas prestaciones puedan combinarse de forma simultánea, algo que hasta ahora no siempre era posible.

Inversión estatal prevista y próximos pasos en el Senado

Según los datos manejados durante la tramitación, la inversión estatal en dependencia prevista para 2027 asciende a 7.239 millones de euros, cifra que duplicaría la de 2025, a la que se sumarían 6.200 millones de euros de fondos adicionales destinados a las comunidades autónomas. La reforma afecta a un colectivo de más de 1,4 millones de personas con dependencia reconocida en España.

El siguiente paso es la ratificación en el Senado y, posteriormente, su publicación en el BOE para que las comunidades autónomas puedan comenzar a aplicarla. Desde Red Inclusiva seguiremos informando sobre los plazos concretos de entrada en vigor, ya que de ellos dependerá cuándo empiecen a notarse estos cambios en la vida diaria de las personas con discapacidad y sus familias.

Fuente: Que.es