Desigualdad territorial en discapacidad: el CERMI denuncia en Canarias que el código postal condiciona los derechos

• El CERMI denuncia que el lugar de residencia sigue condicionando el acceso a servicios, apoyos y justicia de las personas con discapacidad en España.
• El XX Congreso de CERMIS Autonómicos se celebró el 22 y 23 de octubre de 2026 en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria.
• El encuentro concluyó con la lectura de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, que evalúa dos décadas de aplicación de la Convención de la ONU.
• Entre las demandas figuran la simplificación administrativa, la ventanilla única y la protección frente a prejuicios en los procesos judiciales.

La desigualdad territorial en discapacidad es la diferencia real en el acceso a servicios, ayudas, justicia y apoyos que sufren las personas con discapacidad según la comunidad autónoma, isla o municipio donde residen, pese a que la Convención de la ONU reconoce los mismos derechos en todo el territorio español.

Qué es la desigualdad territorial en discapacidad que denuncia el CERMI

La desigualdad territorial en discapacidad consiste en que dos personas con el mismo grado de discapacidad reconocido reciben un trato distinto —en plazos, recursos o cobertura— según la comunidad autónoma, el cabildo o el ayuntamiento donde vivan. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha situado este problema en el centro de su agenda veinte años después de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008 y que obliga a garantizar la igualdad de trato en todo el Estado, independientemente de dónde resida cada persona.

XX Congreso de CERMIS Autonómicos en Las Palmas de Gran Canaria

El XX Congreso de CERMIS Autonómicos se celebró los días 22 y 23 de octubre de 2026 en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema «La dimensión territorial de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de dos décadas (2006-2026) de vigencia». El encuentro, organizado por el CERMI Estatal y el CERMI Canarias, reunió al movimiento asociativo de la discapacidad, representantes institucionales y personas expertas en derechos humanos. Participaron, entre otros, Luis Cayo Pérez Bueno (presidente del CERMI Estatal), Carmen Laucirica Gabriel (presidenta de CERMI Canarias), Jesús Martín Blanco (director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno) y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, según el detalle del acto recogido por Discapnet, el portal de accesibilidad de Fundación ONCE.

El programa abordó las políticas públicas canarias de discapacidad, el acceso a la justicia, la aplicación territorial del artículo 49 de la Constitución, los derechos en los territorios insulares y ultraperiféricos, la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, y las barreras pendientes en vida independiente, educación inclusiva y accesibilidad universal.

Declaración de Las Palmas de Gran Canaria: principales demandas

El congreso concluyó el 23 de octubre con la lectura de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, documento que recoge el balance de dos décadas de aplicación de la Convención en los territorios y plantea exigencias concretas al conjunto de administraciones públicas. Entre las demandas más repetidas por las personas ponentes figuran:

• Aplicación efectiva y homogénea de los derechos en todas las comunidades autónomas.
• Reducción de las barreras y cargas administrativas para acceder a prestaciones y certificados.
• Implementación real de la accesibilidad universal, no solo normativa.
• Creación de ventanillas únicas que eviten duplicar trámites entre discapacidad y dependencia.
• Apoyo económico a las familias y refuerzo de la vida independiente.
• Garantías específicas de educación inclusiva en todos los territorios, incluidos los insulares.

Durante las intervenciones, representantes autonómicos advirtieron de que «una demora administrativa puede convertirse en una demora vital», en referencia a los retrasos que sufren las familias para obtener resoluciones de discapacidad o dependencia según el territorio.

Acceso a la justicia y desigualdad territorial en discapacidad

Uno de los bloques con más peso en el congreso fue el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, donde se insistió en que no basta con «ajustes razonables» puntuales, sino que en los procedimientos judiciales son necesarios ajustes de procedimiento garantizados por ley para evitar la indefensión. El debate incluyó también el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial usados por las administraciones perpetúen sesgos si no se entrenan teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, una preocupación trasladada por representantes del Gobierno presentes en el encuentro.

Las personas interesadas en conocer qué apoyos y trámites existen en su territorio pueden consultar nuestra sección de ayudas y la sección de actualidad de Red Inclusiva, donde se recogen las novedades de cada comunidad autónoma.

Veinte años de la Convención de la ONU sobre discapacidad en España

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada por España en 2008, reconoce la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la vida independiente como derechos exigibles en todo el territorio. Dos décadas después, el CERMI sostiene que su aplicación sigue siendo desigual: mientras algunas comunidades han reducido notablemente sus listas de espera de valoración de la discapacidad, otras arrastran retrasos estructurales que condicionan el acceso a prestaciones, educación inclusiva o empleo. El congreso de Las Palmas se enmarca en una agenda de encuentros autonómicos que el CERMI mantendrá durante 2026 precisamente para evaluar, territorio por territorio, el cumplimiento de la Convención.

Preguntas frecuentes sobre la desigualdad territorial en discapacidad

¿Qué es la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria?

Es el documento final del XX Congreso de CERMIS Autonómicos, leído el 23 de octubre de 2026, que recoge el balance de veinte años de aplicación de la Convención de la ONU sobre discapacidad en los territorios españoles y plantea demandas a las administraciones.

¿Por qué el CERMI habla de desigualdad territorial en discapacidad?

Porque constata que el acceso a servicios, certificados, educación inclusiva o justicia varía según la comunidad autónoma, isla o municipio de residencia, pese a que la Convención de la ONU exige los mismos derechos en todo el país.

¿Quién organizó el XX Congreso de CERMIS Autonómicos en Canarias?

El CERMI Estatal junto con CERMI Canarias, con la participación institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué piden las personas con discapacidad tras el congreso de Las Palmas?

Entre otras cosas, aplicación homogénea de derechos en todo el territorio, menos burocracia, ventanillas únicas, apoyo económico a las familias y garantías de educación inclusiva y acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Fuente: CERMI (convenciondiscapacidad.es)