Adaptación del puesto de trabajo para personas con discapacidad: derechos y ajustes razonables en 2026

• A quién afecta: a toda persona trabajadora con discapacidad o con incapacidad permanente reconocida, en empresas públicas y privadas.
• Qué obliga la ley: el artículo 40 de la Ley General de discapacidad, reformado por la Ley 4/2026, obliga a adaptar el puesto salvo carga excesiva probada.
• Plazos clave: diez días para que la persona manifieste su voluntad de seguir trabajando y tres meses para que la empresa ejecute el ajuste.
• Cómo reclamar: Inspección de Trabajo, demanda por despido nulo o queja ante el Defensor del Pueblo.

La adaptación del puesto de trabajo es la obligación legal de la empresa de modificar tareas, horarios, herramientas o el entorno físico para que una persona con discapacidad desempeñe su empleo en igualdad de condiciones, salvo que suponga una carga excesiva probada.

Qué es la adaptación del puesto de trabajo y a quién protege la ley

La adaptación del puesto de trabajo consiste en modificar tareas, horarios, instrumentos o el entorno físico de un empleo para eliminar las barreras que impiden a una persona con discapacidad desempeñarlo con normalidad. No es una concesión voluntaria del empresario, sino un derecho recogido en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013), que desarrolla la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Directiva europea 2000/78/CE. Protege a quien ya trabaja y a quien se incorpora a un puesto nuevo, y desde la Ley 4/2026, de 1 de octubre (BOE del 3 de octubre, en vigor veinte días después), también a quien cuida de un familiar con discapacidad hasta segundo grado.

La obligación de la empresa de hacer ajustes razonables

El artículo 40 de la Ley General de discapacidad obliga a las empresas a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad del centro, sin que la persona trabajadora tenga que solicitarlo: el deber nace en cuanto el empresario conoce la discapacidad. La Ley 4/2026 añade en el artículo 2.m) una definición más precisa de ajuste razonable: toda modificación del entorno físico, cognitivo, comunicativo, social o actitudinal que no imponga una carga desproporcionada.

Qué ajustes puede incluir la adaptación del puesto

Según el tipo de discapacidad y de tarea, los ajustes razonables más habituales son:

• Reorganizar funciones o redistribuir tareas dentro del equipo.
• Adaptar horarios, turnos o el ritmo de trabajo.
• Instalar ayudas técnicas, software adaptado o mobiliario ergonómico.
• Eliminar barreras arquitectónicas de acceso al centro de trabajo.
• Ofrecer formación adicional o apoyo de un preparador laboral.

No hacerlo, cuando es exigible, constituye discriminación por razón de discapacidad, como recuerda la ley tras la reforma de 2026.

Plazos para adaptar el puesto tras una incapacidad permanente

Desde que el INSS notifica una incapacidad permanente total o absoluta compatible con el empleo, la Ley 2/2025, de 29 de abril, en vigor desde el 1 de mayo de 2025, fija plazos concretos que antes no existían de forma expresa en el Estatuto de los Trabajadores.

Diez días para decidir, tres meses para actuar

La persona trabajadora dispone de diez días naturales desde la notificación para comunicar si quiere mantener la relación laboral. La empresa tiene entonces un plazo máximo de tres meses para ejecutar los ajustes o trasladarla a un puesto compatible y vacante. Solo si el ajuste supone carga excesiva, no hay vacante compatible o la persona rechaza el cambio, cabe extinguir el contrato; de lo contrario, el despido puede declararse improcedente o nulo.

Cuándo puede la empresa alegar carga excesiva

La empresa solo queda exenta de adaptar el puesto si demuestra una carga excesiva, valorada según el tamaño de la plantilla, el volumen de negocio, el coste de la medida y si existen ayudas o subvenciones públicas capaces de compensarlo. La mera incomodidad o un coste moderado no bastan para eximir a la empresa.

Empresas de menos de 25 personas trabajadoras: cuándo se presume la carga excesiva

La Ley 2/2025 presume que el ajuste es excesivamente costoso, en empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras, cuando su importe supera la indemnización por extinción del contrato o el equivalente a seis mensualidades de salario. Esta presunción no es absoluta: puede combatirse con las ayudas públicas disponibles para financiar la adaptación.

Ayudas y subvenciones para financiar la adaptación del puesto

Las comunidades autónomas convocan cada año líneas de subvención para adaptación de puestos y eliminación de barreras arquitectónicas. La convocatoria gallega de 2026, publicada en el Diario Oficial de Galicia, fija una ayuda máxima de 1.800 euros por puesto adaptado; Aragón y la Comunitat Valenciana manejan cuantías similares.

Pueden cubrir, entre otros conceptos:

• Obras de accesibilidad física en el centro de trabajo.
• Equipos informáticos o ayudas técnicas adaptadas.
• Medios de protección personal específicos según la discapacidad.
• Asesoramiento técnico para determinar el ajuste necesario.

Conviene consultar la convocatoria vigente de cada comunidad, ya que importes y plazos cambian cada año.

Qué hacer si la empresa no adapta el puesto de trabajo

Si la empresa no adapta el puesto pese a conocer la discapacidad, la persona trabajadora puede denunciar ante la Inspección de Trabajo, reclamar ante el Juzgado de lo Social o acudir al Defensor del Pueblo. En una resolución de marzo de 2024, esta institución recordó a un hospital público que la obligación de hacer ajustes razonables existe aunque la persona no la haya pedido expresamente, y que despedir sin intentarlo antes es un despido discriminatorio, nulo por vulnerar los artículos 14 y 49 de la Constitución.

Esa doctrina, respaldada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2021, la refuerzan ahora la Ley 2/2025 y la Ley 4/2026: probar que el ajuste era imposible o excesivamente costoso corresponde a la empresa, no a la persona con discapacidad.

Preguntas frecuentes sobre la adaptación del puesto de trabajo

¿Quién paga la adaptación del puesto de trabajo?

La paga la empresa, aunque puede solicitar subvenciones autonómicas que cubren parte del coste y reducen sus posibilidades de alegar carga excesiva.

¿Puedo pedir la adaptación del puesto sin tener reconocida una incapacidad permanente?

Sí. El artículo 40 se aplica a cualquier persona con discapacidad reconocida, con o sin incapacidad permanente.

¿Cuánto tarda la empresa en adaptar el puesto tras una incapacidad permanente?

Como máximo tres meses desde la notificación, según la Ley 2/2025; antes de ese plazo no cabe extinguir el contrato por esa causa.

¿Qué pasa si me despiden sin que la empresa intente adaptar mi puesto?

El despido puede declararse nulo o improcedente por discriminación, y puede reclamarse ante el Juzgado de lo Social, la Inspección de Trabajo o el Defensor del Pueblo.

Fuente: Defensor del Pueblo