Adaptación del puesto de trabajo para personas con discapacidad: derechos y ajustes razonables

Qué son los ajustes razonables en el empleo

Los ajustes razonables son, según la definición recogida por el Defensor del Pueblo, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida y que, cuando se requieran en un caso particular, permiten a la persona con discapacidad ejercer sus derechos laborales en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla. Pueden consistir en ajustar espacios físicos, horarios de trabajo, mobiliario, herramientas informáticas o apoyos y formación específica.

Este derecho no depende de la buena voluntad de la empresa: forma parte de las obligaciones legales que el ordenamiento español impone a los empleadores en materia de igualdad de trato y no discriminación hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Marco legal de la adaptación del puesto de trabajo

La obligación de adaptar el puesto de trabajo se sustenta en varias normas que se refuerzan entre sí:

• El artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que obliga a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo mediante ajustes razonables.
• El artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias para adaptar el puesto y garantizar la accesibilidad de la empresa.
• El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que exige tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores con discapacidad en el ejercicio del poder de dirección de la empresa.
• La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que califica la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad como una forma de discriminación directa.

A este marco español se suma la Directiva 2000/78/CE de la Unión Europea, relativa a la igualdad de trato en el empleo, y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que también reconocen este derecho a escala internacional.

Qué tipo de adaptaciones puede necesitar un trabajador con discapacidad

El derecho a los ajustes razonables se extiende a todas las fases de la relación laboral, desde el proceso de selección hasta la extinción del contrato, y puede materializarse en medidas muy diversas:

• Adaptación de mobiliario, maquinaria o herramientas de trabajo.
• Eliminación de barreras arquitectónicas en el centro de trabajo (rampas, ascensores, aseos accesibles).
• Flexibilidad horaria o reorganización de turnos y descansos.
• Adaptación de software, dispositivos informáticos o sistemas de comunicación.
• Apoyo de un preparador laboral o formación específica en el puesto.
• Reubicación en un puesto compatible con las capacidades de la persona, cuando sea necesario.

Qué ocurre si la empresa se niega a adaptar el puesto

El Defensor del Pueblo ha subrayado que las empresas deben actuar de forma proactiva en cuanto tienen conocimiento de la discapacidad de una persona trabajadora: esperar a que sea el propio empleado quien solicite formalmente la adaptación no exime a la empresa de su obligación legal. Una decisión de despido o una sanción disciplinaria adoptada sin haber estudiado ni aplicado antes los ajustes razonables que resultaran procedentes puede considerarse una conducta discriminatoria que vulnera el artículo 14 de la Constitución española, lo que puede conllevar la nulidad de esa decisión empresarial.

Esto significa que, ante una negativa injustificada, la persona trabajadora con discapacidad puede reclamar por la vía judicial laboral, invocando tanto la Ley 15/2022 como la jurisprudencia constitucional en materia de no discriminación por discapacidad.

Ayudas y bonificaciones para financiar la adaptación del puesto

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, existen ayudas públicas dirigidas a las empresas que contratan o mantienen en plantilla a personas con discapacidad, entre las que se incluyen:

• Subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras.
• Bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por la contratación de personas con discapacidad.
• Préstamos y ayudas para inversiones vinculadas a la accesibilidad del centro de trabajo.

Estas líneas de apoyo, gestionadas por los servicios públicos de empleo y otros organismos, buscan que la carga económica de la adaptación no recaiga únicamente sobre la empresa, reforzando así el cumplimiento efectivo del derecho a los ajustes razonables. Se puede consultar el catálogo completo de estas líneas en nuestro apartado de subvenciones y en la sección para profesionales de Red Inclusiva.

Preguntas frecuentes sobre la adaptación del puesto de trabajo

¿Es obligatorio para la empresa adaptar el puesto de trabajo a una persona con discapacidad?

Sí, es una obligación legal recogida en el artículo 40 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que el ajuste sea razonable y no suponga una carga desproporcionada.

¿Qué pasa si la empresa despide a una persona sin haber estudiado los ajustes razonables?

Puede considerarse una conducta discriminatoria que vulnera el artículo 14 de la Constitución, lo que puede llevar a que la decisión se declare nula por la vía judicial laboral.

¿Tiene que pedir el trabajador la adaptación de forma expresa para que la empresa esté obligada?

No necesariamente: el Defensor del Pueblo señala que la empresa debe actuar de forma proactiva en cuanto conoce la discapacidad, sin esperar a una solicitud formal del trabajador.

¿Existen ayudas para que la empresa cubra el coste de adaptar el puesto de trabajo?

Sí, existen subvenciones, bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social y préstamos específicos orientados a financiar la adaptación de puestos y la eliminación de barreras en el centro de trabajo.

Fuente: Defensor del Pueblo