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Quitar filtrosEl Ministerio de Sanidad regula por primera vez la electrodependencia con un certificado sanitario y un registro estatal, en audiencia pública hasta el 11 de septiembre de 2026.
La vida independiente es el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre su propia vida con apoyos como la asistencia personal, reconocido por la Convención de la ONU.
La asistencia personal se refuerza como derecho en la reforma de la ley de dependencia aprobada en 2026, que también sube las prestaciones económicas y amplía la teleasistencia.
La Ley de Dependencia (Ley 39/2006) regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con tres grados de dependencia y prestaciones económicas y de servicios en toda España.
La lista de espera de la dependencia ha caído a un mínimo histórico de 142.887 personas, un 21% menos que hace un año, según el último Panel del SAAD del Ministerio de Derechos Sociales.
La Ley de Dependencia reconoce servicios y prestaciones económicas según el grado de dependencia, con nuevas cuantías vigentes desde julio de 2026.
La asistencia personal facilita que las personas con discapacidad decidan cómo y con quién vivir, pero en España la usa apenas el 0,3% de las personas dependientes.
La lista de espera de la dependencia supera ya las 265.000 personas en España, con 13.503 fallecidos mientras aguardaban su prestación en 2026.
La vivienda accesible para personas con discapacidad centra el nuevo convenio entre el CERMI y Provivienda, que buscan incorporar la accesibilidad en las políticas públicas de vivienda y facilitar la vida independiente.
La asistencia personal permite a las personas con discapacidad decidir cómo, cuándo y dónde recibir apoyo para vivir de forma independiente, sin renunciar a dirigir su propio proyecto de vida.
La asistencia personal para la vida independiente es una prestación de la Ley de Dependencia que financia un profesional que apoya la autonomía diaria, el estudio y el empleo.
La Ley de Dependencia reconoce el derecho a servicios y prestaciones económicas según el grado de dependencia, a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008, reconoce la igualdad, la accesibilidad y la vida independiente como derechos humanos.
El grado de dependencia y el grado de discapacidad son dos reconocimientos distintos en España, con baremos, organismos y prestaciones propios, aunque una misma persona puede tener ambos a la vez.
La financiación del sistema de dependencia recibe un refuerzo histórico de 2.218 millones de euros en 2026, con la vista puesta en que el Estado cubra el 50% del gasto en 2027.
El asistente personal se incorpora como derecho al sistema de dependencia: la reforma aprobada en el Congreso permite que acompañe a la persona dependiente fuera del domicilio.
La lista de espera de la dependencia llega a 265.503 personas en España, pero el Gobierno destina 6.200 millones para reducirla casi a la mitad antes de 2027.
El modelo de vida independiente da el salto al medio rural: el proyecto ConVive Rural de COCEMFE combina asistencia personal y tecnología en 53 municipios de seis comunidades autónomas.
La prestación económica por cuidados en el entorno familiar permite a un familiar cuidar en casa a una persona en situación de dependencia. Requisitos, grados y cuantías del SAAD.
La reforma de la ley de dependencia y discapacidad, aprobada por el Congreso el 14 de julio de 2026, suma 6.200 millones de euros hasta 2027 y amplía derechos como la teleasistencia y la asistencia personal.
COCEMFE pone en marcha ConVive Rural, una iniciativa que lleva el modelo de vida independiente y la asistencia personal a 53 municipios rurales para que las personas con discapacidad física y orgánica no tengan que elegir entre quedarse sin apoyos o abandonar su pueblo. El proyecto combina apoyo humano, vivienda accesible y tecnología asistencial.
La dispensación de medicamentos a domicilio para personas con discapacidad, dependencia o vulnerabilidad es una de las novedades del Proyecto de Ley de los Medicamentos aprobado el 21 de julio de 2026, pensada para quienes tienen difícil desplazarse a la farmacia.
La reforma de la Ley de Dependencia 2026, aprobada por el Congreso el 14 de julio, refuerza la vida independiente y la asistencia personal, con más financiación estatal y menos burocracia. Repasamos qué cambia para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio de 2026 la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, que refunda el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La reforma amplía la asistencia personal, reconoce nuevos perfiles de cuidador no profesional y acorta los plazos de resolución, con el objetivo declarado de reforzar la vida independiente y la accesibilidad universal.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) permite compensar a un familiar que atiende a una persona dependiente en casa. Repasamos qué grado de dependencia se exige, qué requisitos debe cumplir el cuidador no profesional y cuánto se cobra según cada grado.
Los incendios forestales que afectaron a varias comunidades autónomas en julio de 2026 obligaron a evacuar de forma preventiva a miles de personas mayores y con discapacidad de residencias y centros sociosanitarios. Los servicios sociales activaron protocolos de emergencia, teleasistencia reforzada y traslados diferenciados según el nivel de dependencia de cada persona.
La Diputación de Córdoba ha convocado 200.000 euros en ayudas individuales para financiar hasta el 80% del coste de productos de apoyo que mejoren la autonomía de personas con discapacidad, dependencia o en tratamiento oncológico, con plazo de solicitud hasta el 24 de agosto.
El Congreso ha aprobado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que fija por primera vez en la norma que el Estado asumirá el 50% de la inversión del sistema, incorpora nuevas figuras de apoyo y reduce a la mitad los plazos de tramitación de las prestaciones.
El Gobierno ha aprobado el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación mediante el Real Decreto 606/2026, de 22 de julio, un organismo que el CERMI considera un avance para las personas con discapacidad, aunque advierte de la necesidad de dotarlo de recursos suficientes.
Un Real Decreto-ley aprobado el 23 de junio de 2026 incrementa la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y actualiza las cuantías mínimas garantizadas para los distintos grados de dependencia, con efectos desde el 1 de julio.
El Congreso de los Diputados dio luz verde el 15 de julio de 2026 a la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, que agiliza los plazos de resolución, refuerza la teleasistencia como derecho y duplica la inversión estatal prevista para 2027. El texto pasa ahora al Senado.
El Pleno del Congreso dio luz verde el 14 de julio de 2026 a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que blinda por ley la aportación estatal al 50% y suma 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. El texto pasa ahora al Senado.
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