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Quitar filtrosLa prestación económica por cuidados en el entorno familiar permite a un familiar cuidar en casa a una persona en situación de dependencia. Requisitos, grados y cuantías del SAAD.
La reforma de la ley de dependencia y discapacidad, aprobada por el Congreso el 14 de julio de 2026, suma 6.200 millones de euros hasta 2027 y amplía derechos como la teleasistencia y la asistencia personal.
La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad ha entrado en el Senado tras su aprobación en el Congreso el 23 de julio de 2026. CERMI defenderá enmiendas para reforzar la cuota de reserva de empleo.
La reforma de la Ley de Accesibilidad Universal debe blindar los derechos de las personas con discapacidad y sancionar con dureza los incumplimientos, según CERMI Comunidad de Madrid, que representa a más de 300 entidades.
La dispensación de medicamentos a domicilio para personas con discapacidad, dependencia o vulnerabilidad es una de las novedades del Proyecto de Ley de los Medicamentos aprobado el 21 de julio de 2026, pensada para quienes tienen difícil desplazarse a la farmacia.
La reforma de la Ley de Dependencia 2026, aprobada por el Congreso el 14 de julio, refuerza la vida independiente y la asistencia personal, con más financiación estatal y menos burocracia. Repasamos qué cambia para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
La adaptación del puesto de trabajo es un derecho laboral de las personas con discapacidad, no una concesión voluntaria de la empresa. Explicamos qué son los ajustes razonables, qué obliga la ley, qué ocurre si la empresa se niega y qué apoyos existen para financiar estas adaptaciones.
El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio de 2026 la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, que refunda el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La reforma amplía la asistencia personal, reconoce nuevos perfiles de cuidador no profesional y acorta los plazos de resolución, con el objetivo declarado de reforzar la vida independiente y la accesibilidad universal.
El derecho a una educación inclusiva obliga a los centros escolares a escolarizar al alumnado con discapacidad en las mismas aulas que el resto y a proporcionarle los apoyos necesarios. Explicamos qué establece la ley, qué tipos de adaptaciones curriculares existen y qué recursos puede reclamar una familia.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) permite compensar a un familiar que atiende a una persona dependiente en casa. Repasamos qué grado de dependencia se exige, qué requisitos debe cumplir el cuidador no profesional y cuánto se cobra según cada grado.
Adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de una persona con discapacidad no es un favor de la empresa, sino un derecho reconocido por ley. Explicamos qué son los ajustes razonables, cuándo son obligatorios, qué ejemplos existen y qué hacer si una empresa se niega a aplicarlos.
La Ley de accesibilidad de productos y servicios (Ley 11/2023) obliga desde el 28 de junio de 2025 a que webs, aplicaciones, comercio electrónico y cajeros sean accesibles para las personas con discapacidad. Repasamos a qué empresas afecta y las sanciones.
El Congreso ha aprobado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que fija por primera vez en la norma que el Estado asumirá el 50% de la inversión del sistema, incorpora nuevas figuras de apoyo y reduce a la mitad los plazos de tramitación de las prestaciones.
Un Real Decreto-ley aprobado el 23 de junio de 2026 incrementa la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y actualiza las cuantías mínimas garantizadas para los distintos grados de dependencia, con efectos desde el 1 de julio.
El Congreso de los Diputados dio luz verde el 15 de julio de 2026 a la reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, que agiliza los plazos de resolución, refuerza la teleasistencia como derecho y duplica la inversión estatal prevista para 2027. El texto pasa ahora al Senado.
El Pleno del Congreso dio luz verde el 14 de julio de 2026 a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que blinda por ley la aportación estatal al 50% y suma 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. El texto pasa ahora al Senado.
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